martes, 26 de septiembre de 2017

El desafío catalán al gobierno español

Cuando la injusticia se convierte en ley, la rebelión se convierte en deber. (Thomas Jefferson)


Legal no es sinónimo de justo. Lo legal es lo que acuerdan quienes tienen el poder. Gran parte de las legalidades vigentes fueron proclamadas al amparo de violencias generadoras de injusticias. La Constitución española vigente es legal pero no es justa. Fue redactada siguiendo indicaciones de ministros franquistas y bajo amenazas del ejército. No fue un acuerdo entre poderes libres sino la imposición de los más fuertes.

El pueblo catalán ha padecido siempre la opresión de la clase privilegiada catalana amparada en el poder estatal español. Numerosas revueltas a lo largo de la historia así lo atestiguan. Siempre fue el Estado español quien las aplastó. Esa es la razón por la cual la burguesía catalana no ha querido nunca la independencia de Cataluña. Y esa es una de las razones por las cuales el pueblo catalán no desea permanecer bajo la tutela de ese Estado represor.

En Cataluña, como en cualquier lugar del mundo, si algo caracteriza a las clases privilegiadas es su sagacidad para medrar a costa de los más humildes. El egoísmo es el principal rasgo de quienes acumulan riquezas y poder. El sentido de comunidad es, por el contrario, lo que salvaguarda los intereses de las clases humildes y da fuerza a los pueblos para defenderse.     

Cuando se unen en un mismo acto de rebeldía parte del pueblo y algunas de las clases dirigentes, la rebelión contra el poder dominante estalla. Y eso es lo que acontece en el momento presente en Cataluña. Un gobierno autonómico de derechas que se hallaba en minoría parlamentaria buscó el apoyo de organizaciones populares y éstas han aprovechado la ocasión para manifestar su rechazo a la opresión del Estado español. No es un nacionalismo romántico el que mueve al pueblo catalán que se declara en rebeldía sino la injusticia padecida a lo largo de los tiempos, que late vivamente en su conciencia.

Una vez más el Estado español ha reaccionado contra la rebeldía. Tras rechazar toda consideración sobre el abuso económico que sufre la comunidad catalana por parte del Estado, ahora pretende ahogar las protestas acogiéndose a la injusta ley que las provocaron. En vez de sentarse a dialogar con los representantes catalanes para reconsiderar la política de expolio a la cual está sometida esa comunidad, los gobernantes españoles pretenden acallar las protestas mediante la represión, tal cual se hacía en tiempos de la dictadura, de la cual son verdaderos continuadores en ideología y métodos.

Las relaciones entre colectivos humanos son conflictivas casi siempre. De aquí la conveniencia de que haya gestores para abordar con justicia e inteligencia los conflictos. En los nefastos años de la dictadura, entre 1939 y 1975, cuando en España se vivía bajo un régimen de terror, los conflictos ideológicos y políticos estaban prohibidos. Toda discrepancia con la actuación de quienes gobernaban era severamente castigada. La violencia ocupaba el lugar de las palabras. Represión y castigos eran las respuestas del gobierno a toda acción que considerasen subversiva.  Un tribunal llamado Tribunal de Orden Público juzgaba a quienes se acusaba de desacato al régimen. Sus sentencias eran severas.

Acabada la dictadura, ya en tiempos de eso que quienes gobiernan vienen a llamar democracia, el viejo Tribunal de Orden Público ha sido sustituido por el Tribunal Constitucional, el cual tiene por misión hacer cumplir a rajatabla la Constitución en todo el ámbito estatal. Los derechos y deberes que en el momento de la transición de la dictadura a la democracia se otorgaron a las comunidades autónomas son indiscutibles. La Constitución es sagrada. Sus orígenes se consideran legítimos al igual que se consideraron en aquel momento. Que los tiempos hayan cambiado y las necesidades sean hoy otras no importa a quienes gobiernan, fieles servidores de los poderes fácticos, criminalizadores del disenso y la protesta. No es extraño que con tales actitudes la discrepancia haya llegado a extremos como el que vivimos.

Quienes controlan el Estado español no están dispuestos a perder los ingresos provenientes de Catalunya, el mayor proveedor de dinero público para el despilfarro organizado que asola al Estado. El pueblo catalán y su gobierno están hartos de tanto abuso de poder, por lo que ante la negativa al diálogo por parte del gobierno español optan por independizarse.

Siempre es el miembro abusado quien pide el divorcio y siempre es el abusador quien se opone. Y así, en el día de hoy, un ingente número de policías a las órdenes del Tribunal Constitucional registra sedes públicas y privadas en Cataluña y detiene personas acusándolas de sedición. Una vez más el pueblo catalán padece el ataque del Estado español opresor. ¿Hasta cuándo seguirá ese orden de injusticia? Quienes tenemos fe en la lucha de los pueblos sabemos que no será para siempre. /PC

Publicado en ECUPRES

No hay comentarios:

Publicar un comentario