Cuando la injusticia se convierte en ley, la
rebelión se convierte en deber. (Thomas Jefferson)
Legal no es sinónimo de justo. Lo legal es lo que
acuerdan quienes tienen el poder. Gran parte de las legalidades vigentes fueron
proclamadas al amparo de violencias generadoras de injusticias. La Constitución
española vigente es legal pero no es justa. Fue redactada siguiendo
indicaciones de ministros franquistas y bajo amenazas del ejército. No fue un
acuerdo entre poderes libres sino la imposición de los más fuertes.
El pueblo catalán ha padecido siempre la opresión de la
clase privilegiada catalana amparada en el poder estatal español. Numerosas
revueltas a lo largo de la historia así lo atestiguan. Siempre fue el Estado
español quien las aplastó. Esa es la razón por la cual la burguesía catalana no
ha querido nunca la independencia de Cataluña. Y esa es una de las razones por
las cuales el pueblo catalán no desea permanecer bajo la tutela de ese Estado
represor.
En Cataluña, como en cualquier lugar del mundo, si algo
caracteriza a las clases privilegiadas es su sagacidad para medrar a costa de los
más humildes. El egoísmo es el principal rasgo de quienes acumulan riquezas y
poder. El sentido de comunidad es, por el contrario, lo que salvaguarda los
intereses de las clases humildes y da fuerza a los pueblos para defenderse.
Cuando se unen en un mismo acto de rebeldía parte del
pueblo y algunas de las clases dirigentes, la rebelión contra el poder
dominante estalla. Y eso es lo que acontece en el momento presente en Cataluña.
Un gobierno autonómico de derechas que se hallaba en minoría parlamentaria
buscó el apoyo de organizaciones populares y éstas han aprovechado la ocasión
para manifestar su rechazo a la opresión del Estado español. No es un
nacionalismo romántico el que mueve al pueblo catalán que se declara en
rebeldía sino la injusticia padecida a lo largo de los tiempos, que late vivamente
en su conciencia.
Una vez más el Estado español ha reaccionado contra la
rebeldía. Tras rechazar toda consideración sobre el abuso económico que sufre
la comunidad catalana por parte del Estado, ahora pretende ahogar las protestas
acogiéndose a la injusta ley que las provocaron. En vez de sentarse a dialogar
con los representantes catalanes para reconsiderar la política de expolio a la
cual está sometida esa comunidad, los gobernantes españoles pretenden acallar
las protestas mediante la represión, tal cual se hacía en tiempos de la
dictadura, de la cual son verdaderos continuadores en ideología y métodos.
Las relaciones entre colectivos humanos son conflictivas
casi siempre. De aquí la conveniencia de que haya gestores para abordar con
justicia e inteligencia los conflictos. En los nefastos años de la dictadura,
entre 1939 y 1975, cuando en España se vivía bajo un régimen de terror, los
conflictos ideológicos y políticos estaban prohibidos. Toda discrepancia con la
actuación de quienes gobernaban era severamente castigada. La violencia ocupaba
el lugar de las palabras. Represión y castigos eran las respuestas del gobierno
a toda acción que considerasen subversiva.
Un tribunal llamado Tribunal de Orden Público juzgaba a quienes se acusaba
de desacato al régimen. Sus sentencias eran severas.
Acabada la dictadura, ya en tiempos de eso que quienes
gobiernan vienen a llamar democracia, el viejo Tribunal de Orden Público ha sido
sustituido por el Tribunal Constitucional, el cual tiene por misión hacer
cumplir a rajatabla la Constitución en todo el ámbito estatal. Los derechos y
deberes que en el momento de la transición de la dictadura a la democracia se
otorgaron a las comunidades autónomas son indiscutibles. La Constitución es
sagrada. Sus orígenes se consideran legítimos al igual que se consideraron en
aquel momento. Que los tiempos hayan cambiado y las necesidades sean hoy otras
no importa a quienes gobiernan, fieles servidores de los poderes fácticos,
criminalizadores del disenso y la protesta. No es extraño que con tales actitudes
la discrepancia haya llegado a extremos como el que vivimos.
Quienes controlan el Estado español no están dispuestos a
perder los ingresos provenientes de Catalunya, el mayor proveedor de dinero
público para el despilfarro organizado que asola al Estado. El pueblo catalán y
su gobierno están hartos de tanto abuso de poder, por lo que ante la negativa
al diálogo por parte del gobierno español optan por independizarse.
Siempre es el miembro abusado quien pide el divorcio y
siempre es el abusador quien se opone. Y así, en el día de hoy, un ingente
número de policías a las órdenes del Tribunal Constitucional registra sedes
públicas y privadas en Cataluña y detiene personas acusándolas de sedición. Una
vez más el pueblo catalán padece el ataque del Estado español opresor. ¿Hasta
cuándo seguirá ese orden de injusticia? Quienes tenemos fe en la lucha de los
pueblos sabemos que no será para siempre. /PC
Publicado en
ECUPRES
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